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PALABRAS FINALES DE RICARDO CAVALLO, JUICIO “ESMA UNIFICADA”

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PALABRAS FINALES DE RICARDO CAVALLO, JUICIO “ESMA UNIFICADA”

(c. 1282 y acumuladas)

Ratifico aquí mis anteriores declaraciones tanto, en la causa 1270 y acumuladas, como en la presente, causa 1282 y acumuladas, conocida como “ESMA Unificada”.

Reitero además, que soy inocente de los cargos que se me imputan.

Mi defensora en esta causa no tuvo la posibilidad de duplicar, porque ustedes se lo impidieron, pese a que tal como lo dijo en la última audiencia, lo que hizo la fiscalía fue mejorar fundamentos.

El doctor Córdoba se hace cargo de esta cuestión cuando dice por ejemplo en su escrito, y cito textual:

“…esta Fiscalía abordó ese aspecto de la acusación durante el alegato, cuando hicimos una extensa fundamentación sobre la imprescriptibilidad de la acción penal en la investigación de delitos calificados como de lesa humanidad,”

(página 4, último párrafo de su escrito).

Y esto pasó también cuando habló de plazo razonable, congruencia entre otras cosas…

Ustedes dejaron que la fiscalía pretendiera mejorar sus fundamentos… y de esto son conscientes porque las defensas se los advirtieron, pero una vez más…

Ustedes no quisieron cumplir con la letra de la ley, la última palabra en los alegatos es la de la defensa.

Por esto es que quiero decir algunas cosas que Ustedes no le dejaron decir a mi defensora, contrariando todo lo que dice el código.

Respecto del planteo de falta de objetividad y por actuar con mala fe procesal y faltar a la verdad.

De la lectura de los fundamentos que dio la fiscalía, salvo citas genéricas de lo que significa el deber de objetividad y su alcance, nada dijo.

Justo lo que critican en ese escrito, hace el doctor Córdoba, habla de generalidades.

Se queda con planteos de recusación realizados por mí en el año 2014 y que mi defensora acompañara, cuando en los alegatos años después, la doctora Marini fue precisa en las cuestiones por las que consideró la mala fe procesal de la fiscalía.

Por ejemplo que:

-       Se usaron declaraciones no incorporadas, y dejaron de lado una declaración donde precisamente se retracta una testigo.

-       Se citaron sentencias que dicen lo contrario a lo que la fiscalía afirmó.

-       Se citó prueba documental no incorporada y se citó prueba que dice lo que se sostuvo en la acusación.

A todo esto, en su presentación por escrito no hay una sola referencia a lo dicho por mi defensora, solo se dijo que “ACUSÓ DE ACTUAR CON MALA FE PROCESAL”

 

No pudo o no quiso el doctor Córdoba contestar a cada una de las veces que mi defensora dijo que mentían, actuaron con mala fe o utilizaban prueba no incorporada.

Utilizando los argumentos de la fiscalía, si la doctora Marini no tenía razón, ¿porqué no se lo demostraron?

¿porqué no le contestaron?

¿porqué no rebatieron sus argumentos?

Es clara la respuesta… mis defensores tienen la razón.

 

Siguiendo con lo que no quisieron oir… y que la fiscalía mejoró fundamentos…

 

Respecto falta de mérito por hecho Hagelin por el homicidio.

La propia fiscalía admite que esa resolución existe, con lo cual, nada resta por agregar, no puedo ser juzgado por un hecho donde no existe un requerimiento de elevación a juicio.

¿Qué pretende la fiscalía?

Que como fui indagado todo vale.

 

Ahora miren que curioso…

En este hecho la indagatoria vale para todo, pero cuando hablan de congruencia no …

Porque como esto puede ser en mi favor, no toman la indagatoria, tomen los requerimientos o los alegatos.

Esto no es más que una prueba más de la falta de objetividad de la fiscalía.

 

Una última cuestión es que la fiscalía pide, de manera genérica, obviamente que se rechacen la totalidad de las pretensiones de las defensas por improcedentes y carentes de fundamentos.

 

De esta presentación, no surge que la fiscalía se haya expedido sobre el planteo de mis defensores respecto de la nulidad de mi detención en México, y el ne bis in ídem por la sentencia que allá me desvincula, con lo cual debo entender que la fiscalía comparte lo dicho por mi defensa.

 

La fiscalía tuvo la posibilidad de expedirse sobre esta cuestión y no lo hizo, sobre este punto no existe contradictorio por esto tiene que hacerse lugar a lo dicho por los doctores Marini y Mascioli.

 

Hemos visto en este debate:

  1. Que los testigos, muchos de ellos, han admitido públicamente y bajo juramento que sus declaraciones han sido coordinadas, ellos lo llamaron “construcción o reconstrucción de la memoria”.

 

  1. Que existe un equipo o grupo de gente que se ocupa de preparar a los testigos. He mostrado en mi ampliación de indagatoria a uno de los abogados de las querellas y a un miembro del Ministerio Público Fiscal dando una conferencia sobre el tema, en el que admiten que ellos preparan a los testigos. Algún otro abogado querellante lo ha admitido públicamente.

 

  1. Que los testigos han ido evolucionando en sus declaraciones a lo largo del tiempo. Las primeras hace casi cuarenta años y en algunos casos con más de treinta declaraciones, bajo juramento, realizadas. En esta evolución pudimos constatar que mientras más tiempo pasó respecto de los hechos denunciados, el testigo aumentó el contenido de su declaración; tanto que se puede establecer la relación: considerado el mismo testigo a mayor tiempo transcurrido desde los supuestos hechos, más largas las declaraciones. Los periodistas tienen un dicho al respecto: con el tiempo de trabajo suficiente se pueden relacionar dos personas y/o hechos cualquiera.

 

 

  1. Sobre más de mil testigos aceptados por el tribunal, doscientos ochenta y uno dijeron ser ex detenidos; declararon o fueron aceptadas por el tribunal sus declaraciones anteriores. Esto pone en cuestión el concepto de “testigo necesario”. Entonces cobra otro significado la contradicción evidente entre muchos de ellos.

 

  1. En alguno de sus decretos este tribunal dijo que la causa es “inabarcable”. Nada más acertado ya que pudo probarse en este juicio que los fundamentos de lo que terminó siendo el fallo del juicio de la causa 1270, o sea el juicio anterior a este, y la acusación para gran parte de los imputados en este juicio están fundados en delitos cometidos por una asociación ilícita formada por funcionarios públicos, para decirlo de una manera general. No está demás aclarar que toda la prueba documental que da soporte a lo que acabo de decir ya estaba agregada a la causa desde antes del comienzo del juicio por la causa 1270.

 

  1. Luego de todo lo visto en este debate, en tren de buscar realmente la verdad sobre los supuestos hechos que forman parte de este juicio, resulta increíble que no se haya llamado a declarar a los involucrados en los hechos demostrados por las defensas, en particular a un señor que forma parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, pero también es prosecretario de la Procuraduría General de la Nación, que fue autor material del fraude perpetrado en la supuesta identificación del cuerpos del cementerio de General Lavalle y que además reconoció que prepara a los testigos para sus declaraciones; me refiero al señor Carlos Somigliana, alias “Maco”. Queda tanto por averiguar en este tema que no puedo menos que preguntarme como harán para llegar a una decisión ya que si algo ha quedado claro sobre este asunto es que la fiscalía y las querellas mintieron sobre todo el caso. Prácticamente lo mismo se puede decir del resto de los casos juzgados en este proceso, a partir de las pruebas presentadas por las acusaciones.

 

  1. Sobre el alegato de la fiscalía ya los defensores se han encargado de demostrar su endeblez, cada defensa ha hecho un aporte muy valioso en ese sentido. En el caso de mi defensa técnica, los doctores Marini y Mascioli han analizado y rebatido punto por punto los más de seis meses de alegato del Ministerio Público. La demolición que han efectuado de la acusación fiscal fue un trabajo que merece ser reconocido por su enjundia, rigor y minuciosidad, tanto que se escuchó decir a uno de los jueces de este tribunal refiriéndose al alegato de la fiscalía, realizado por la doctora Soiza Reilly: “parece que lo hizo con una perinola”.

Por último, hemos escuchado en este juicio hablar en reiteradas oportunidades de las obligaciones contraídas por el estado en tratados internacionales, inclusive hemos oído de lo que dan en llamar “Justicia universal”.

Más allá de una aplicación retroactiva de los tratados, que no se da en ninguno de los países que llamamos desarrollados, podemos ver aquí que, cuando se trata de cumplir con los postulados de la tan mentada “justicia universal”, si este cumplimiento implica algo a favor del acusado, sencillamente aquí no se aplica, tal como ha hecho este tribunal en mi caso con respecto al cómputo de los años de detención, en el que me han sustraído casi siete años, cuando siempre he estado detenido por los mismos hechos.

No queda más que reconocer que los que hablan de “juicios de venganza” parece tener razón: cualquier argumento es válido con tal de no reconocer algún derecho a los acusados.

No es casual que en 2012 la justicia argentina fuera evaluada y ubicada en el puesto 123 sobre un total de 142 países analizados por el Foro Económico Mundial con sede en Ginebra, tal como se publicó en The Global Competitiveness Report´s, y en septiembre de 2017 la consultora argentina Management & Fit diera a conocer los resultados de una encuesta nacional que revela que “la institución más desacreditada del país es la justicia”.

 

No puedo dejar de destacar que el denominado “estado de excepción”, acuñado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Lorenzetti, como lo menciona en su libro El arte de hacer justicia, no solo evidenció la arbitrariedad de encuadrar los hechos aquí juzgados como delitos de lesa humanidad, sino también la ausencia de su tipo penal:

“…se optó por enmarcar los delitos ocurridos en ese período dentro del concepto de “delitos de lesa humanidad”, de carácter excepcionalísimo dentro del sistema jurídico…”

 

Cuando un estado se encuentra obligado por un tratado como la Convención Americana de Derechos Humanos al que ha otorgado jerarquía constitucional, no puede suspender arbitrariamente los derechos de un grupo de ciudadanos por considerar que sus delitos son excepcionales. El Art. 1[1] del texto convencional establece el compromiso de los estados  de respetar los derechos de las personas sin discriminación alguna y el Art.14 expresa: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

No obstante, en caso de peligro público, puede suspender tales protecciones denunciando ante la OEA cuál es la amenaza en los términos del Art. 27 (Suspensión de Garantías) que establece:

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos (…) 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); (…) ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

En otras palabras, ni aun en casos excepcionales puede violarse el principio de legalidad, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

 

Hemos visto a lo largo de este juicio, y del anterior, que existe una asimetría gigantesca entre la acusación y la defensa, en perjuicio de los imputados, claro.

Con lo que no puedo menos que concluir que el Poder Judicial de este País, encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha legislado a través de fallos, invadiendo competencias del Poder Legislativo en violación de la división de poderes y la Constitución, y presionando a los tribunales inferiores a seguir este proceder ilegal e inconstitucional por medio de un perverso sistema de premios y castigos, que aún continúa vigente en gran medida.

Comodoro Py, 4 de octubre de 2017


[1] Art.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Publicado en : Juicios a los que Combatieron el Terrorismo

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